Revista Quaestionis #27: “CRISIS DE LA LEY”

Nuestros amigos de Quaestionis, publicación científica de divulgación jurídica y de ciencias sociales, nos informan que ya está en circulación su número más reciente; el número 27, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2016; con el que continúan celebrando su 4° aniversario ¡ENHORABUENA!
Les compartimos su editorial: 


“Ahora usamos la ley como un arma en lugar de una herramienta”
Warren Bennis

A propósito de los cambios que el mundo está viviendo, algunos de los cuales se reflejan en las legislaciones, que posteriormente inciden en la palestra socio-política como por ejemplo la reforma laboral en Francia, que en palabras de expertos supone un retroceso en los derechos laborales; la aprobación de un paquete de reformas en la Cámara Baja del Parlamento de Japón, que fortalecen el papel de su ejército para actuar incluso fuera del país nipón; las polémicas reformas estructurales en México, caso particular la Reforma Educativa que ha desatado un sinfín de manifestaciones e imposición gubernamental; por citar algunos ejemplos, contribuyen a una época de crisis de la ley, que es justamente el tema central de este número de Quaestionis.
La ley vista como un ente cambiante y moldeable, nos llevó a poner a ésta como eje neurálgico de este número, para advertir a través de diferentes visiones y áreas del conocimiento las distintas problemáticas y desafíos que enfrentamos en todo el orbe: desde cuestiones de participación ciudadana, pasando por los dilemas de su creación y aplicación; hasta llegar a tópicos derivados de la presencia de la revolución que supone el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
En este orden de ideas, en este número, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2016, las aportaciones a la ciencia del Derecho y las Sociales, para generar El Arte de Pensar, son:
En la Sección Análisis participamos “Desobedecer la ley como obligación moral y como derecho político” un texto de mi autoría y “Crisis de la ley y clandestinaje ciudadano” del Dr. Silvino Vergara Nava.
En Poderes Públicos encontrarán un trascendental artículo denominado “Disyuntivas del proceso legislativo en la creación de leyes” de la autoría de la Dra. Bárbara Leonor Cabrera Pantoja, “Desde la democracia: retos para el estado mexicano frente a la revictimizacion institucional” de la Mtra. Biellа Cаstellаnos Yángulovа.
“Crisis y muerte de la ley” del Dr. Silvino Vergara Nava, “Los Derechos Humanos y las empresas” de los maestros Ubaldo Márquez Roa y José Eduardo García Cortés, “Crisis de la legislación Solidaria en Colombia” de la Mtra. Ruby Stella Jaramillo Marín, “La crisis de la ley como consecuencia de su falta de respuesta a las demandas sociales” de la Mtra. Diana Susana Bichachi, y “Derecho vs ley vs. Decisión judicial” del Mtro. Alberto Zenteno Meza, textos que forman parte de la Realidad socio-jurídica.
En Internet y Derecho se presenta una reflexión en torno a la regulación de Internet. En Derecho en su tinta recomendamos el libro “Un debate sobre principios constitucionales” de Luigi Ferrajoli y Juan Ruiz Manero.
Mientras que en Diálogos para pensar, continuamos la interesante plática que tuvimos con Carlos Chalico, especialista en Privacidad, Seguridad de la Información, Auditoría, Gobierno y Riesgos de TI, acerca de la “Era Digital y el Derecho a la Privacidad”.
Sin duda, vivir en sociedad en un mundo globalizado supone la existencia de cambios de paradigmas, de desafíos que posiblemente pocos se han planteado; en los que la ley, no es excepción. La cuestión es, hacia donde encaminar y potenciar una nueva era. Generamos juntos El Arte de Pensar seamos factor de influencia en la consecución de un orden jurídico más justo y acorde a los tiempos que nos está tocando vivir.
Sin más preámbulo, invitamos a nuestros lectores a adentrarse en los contenidos de esta entrega de Quaestionis, convocándolos a interactuar con nosotros a través de las Redes Sociales: en Twitter, Facebook, Instagram y SoundCloud: somos QuaestionisMx. Su opinión, nos interesa. Por cierto, en México celebramos el 206 aniversario del inicio de la Independencia, indispensable reflexionar sobre el tema.

Dr. Samuel Hernández Apodaca
Director General

Link de la editorial de este número http://bit.ly/2d6R1gL



Para adquirir su ejemplar [Impreso o digital] envíen correo a revista.quaestionis@gmail.com ¡tenemos promociones de 4° aniversario para los lectores! Pregunten por ellas.
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LECCIONES DE DERECHO COMPARADO. Autor: Dr. Samuel Hernández Apodaca. Prólogo: Dra. Bárbara Cabrera [Libro. 2016]


PRESENTACIÓN
Cuando se hace referencia a la comparación, generalmente, pensamos en cotejar e identificar las semejanzas y diferencias entre dos sujetos diferentes y así llegar a una conclusión, pero esto no es tan simple. Equiparar las similitudes y diferencias es uno de los pasos en la comparación, pero no el único. Deben considerarse una serie de precauciones que afectan al derecho y al proceso de comparación como son las cuestiones socioculturales, la interpretación del derecho, las barreras lingüísticas, entre otros.
La expresión Derecho Comparado es relativamente reciente y desde que se emplea los autores no han sabido entenderse sobre su contenido. A pesar de que dos importantes congresos internacionales de jurista que se han dedicado a esa tarea: uno en París, en 1900 y el otro en La Haya, en 1937, las divergencias de opinión no permitieron a los juristas ponerse de acuerdo.
El presente libro es una compilación de las escuelas, sistemas y familias, desde luego experiencias de diferentes autores, que han escrito sobre el Derecho comparado, pretende dotar de elementos esenciales que permitan al lector la comprensión general y básica del derecho comparado.
El autor

PRÓLOGO

“Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”
Honoré de Balzac

Misma aseveración podría aplicarse al análisis del Derecho Comparado, ya que su correcta aplicación debe conducir a comprender la aplicación o no de figuras jurídicas extranjeras al derecho nacional, que va más allá de copiar ordenamientos, de adoptar modismos y de trasladar instituciones a partir de las leyes; su propósito se encamina a transitar por un proceso comparativo, el cual el Dr. Samuel Hernández Apodaca explica apropiadamente en su obra “Lecciones de Derecho Comparado”, la cual tengo el privilegio de prologar.
El derecho es un fenómeno vivo, cambiante; es expedido por los legisladores en su papel de representantes del pueblo, aplicado por los impartidores de justicia; instrumentado en múltiples instrumentos de políticas públicas; experimentado por la sociedad, criticado por  los detractores de un determinado sistema y analizado por los estudiosos. Su protagonismo, es indudable.
¿Y qué sucede cuando hablamos de Derecho Comparado?, suelen ocurrir que se razone de dos maneras: como un simple requisito académico que debe incluirse en un trabajo de investigación, llamase tesis; o bien, sea visto como una parte exótica en la enseñanza del Derecho. Ambas percepciones, son erróneas; toda vez que la comparación del Derecho tiene de suyo un arte e implicaciones que permiten transitar de una visión reduccionista de ver al Derecho, convirtiéndolo en una fuente enriquecedora de conocimientos, a través de los contrastes.
Como bien lo refiere el autor de esta obra “podemos entender al derecho comparado como una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país”. En esta tesitura, el Doctor Samuel Hernández, continúa su aportación afirmando que el derecho comparado constituye un “instrumento indispensable para llevar a cabo la renovación de la ciencia jurídica, a la vez que nos permitirá conocer mejor, profundizar y comprender el derecho propio” Así de simple y complejo es; lo cual tiene incidencia desde cuestiones académicas hasta las debidas aportaciones en las funciones judiciales y legislativas.
En este orden de ideas, en “Lecciones de Derecho Comparado” se dilucida acerca si el derecho comparado es una disciplina, una ciencia o un método; participando razonamientos para generar pensamiento crítico-analítico-reflexivo a los lectores de esta obra; al respecto, los invito a descubrir porque el Doctor Hernández Apodaca lo categoriza como método, lo que permitirá abrir el panorama en su aplicación.
El derecho comparado no solo se trata de tomar prestadas disposiciones de ordenamientos extranjeros que posiblemente de nada servirán al contexto nacional; se relaciona con contrastar, observar y analizar las experiencias internacionales; de ahí la trascendencia de obras como la que hoy prólogo, que como su nombre lo indica provee enseñanzas de derecho comparado, y lo hace de una manera ágil y amena, con la pluma de un generador del conocimiento, a quien en Twitter invito a que sigan como @iusfilosofo; permitiendo al lector concentrase en aplicar el conocimiento adquirido; ya que éste libro no forma parte del club de aquellos mamotretos a los que habría de invertírsele la mayor parte del tiempo para leerlo e intentar descifrar lo que el autor intentó decir, a los que desafortunadamente están tan acostumbrados los tradicionalistas, mismos que van transmitiendo de generación en generación.
“Lecciones de Derecho Comparado” es una obra relevante y aplicable al campo de generación de conocimiento, de ahí que los capítulos 6 y 7, denominados “¿Cómo hacer un estudio comparativo?” y “Consideraciones durante el proceso comparativo” constituyen la parte medular que debe tomarse en cuenta para el bien hacer estudios de derecho comparado, sin perder de vista el resto de los tópico de este libro de la autoría del Dr. Samuel Hernández Apodaca, que en conjunto suministran las bases para una correcta aplicación de este tipo de análisis, al conformar la praxis de esta obra, a la cual su autor denomina comparación funcional.
Subrayo desde el prólogo la contribución del Dr. Hernández Apodaca cuando habla de las etapas del proceso comparativo, por las cuales debe pasar cualquier análisis de derecho comparado para tener éxito y va desde seleccionar el sistema jurídico, escoger un tema específico, así como delimitar el nivel de comparación; para continuar con la identificación de  semejanzas y diferencias, para llegar al nivel de descripción, identificación y explicación de tal o cual figura, ordenamiento o institución; lo que de suyo implica una emocionante actividad intelectual.
Sin duda, “Lecciones de Derecho Comparado”, es un libro apto para estudiantes, investigadores, académicos, asesores, legisladores y aquellos involucrados en la toma de decisiones.
Esta obra del Doctor Samuel Hernández Apodaca, contribuye a despojarse del etnocentrismo, a pensar la ciencia del derecho desde una perspectiva global y una aplicación a la realidad local. Los invito a adentrarse a sus páginas y a emplearlo en sus respectivas disciplinas y áreas del conocimiento.

Dra. Bárbara Leonor Cabrera Pantoja
a un tweet de distancia @BarbaraCabrera

Verano de 2016

ÍNDICE
Presentación
1. GENERALIDADES DEL DERECHO COMPARADO
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del Derecho Comparado
1.2.1 Los primeros antecedentes (precursores)
1.2.2 Los iniciadores
1.2.3 Los comparatistas
1.3 Características del derecho comparado
1.4 Naturaleza Jurídica
2. ESTUDIO DEL DERECHO COMPARADO
2. 1. Las  escuelas   del  derecho  comparado
2.1.1 La escuela de los juristas nacionales
2.1.2 La escuela del derecho natural
2.1.3 La escuela histórica
2.1.4 El derecho comparado en el siglo XIX
2.1.5 El derecho comparado en el siglo XX
2.2 Derecho comparado y iuspositivismo
2.2.1. ¿Cómo funciona el derecho comparado?
3. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO COMPARADO
3.1. Elementos de comprensión
3.2. Derecho público comparado y derecho privado comparado
4. RELACIÓN DEL DERECHO COMPARADO CON OTROS SUJETOS
4.1. Derecho comparado y derecho internacional privado
4.2. Derecho comparado y derecho internacional público
4.3. Derecho comparado e historia del derecho
4.4. Derecho comparado y etnología del derecho
4.5. Derecho comparado y sociología jurídica
5. LAS FUNCIONES DE DERECHO COMPARADO
5.1. Derecho comparado como disciplina académica
5.2. Reforma judicial y legislativa
5.3. Unificar las leyes
5.4. Derecho internacional
6. ¿CÓMO HACER UN ESTUDIO COMPARATIVO?
6.1. Selección de un sistema jurídico
6.2. Sujeto-materia de comparación
6.3. Delimitar el nivel de comparación
6.4. Identificar similitudes y diferencias
6.5. Prueba de funcionalidad
7. CONSIDERACIONES DURANTE EL PROCESO COMPARATIVO
7.1. Contextos en la investigación comparativa
7.2. Incompatibilidad
7.3. Culturas
7.4. Prejuicios personales y profesionales
7.5. Problemas lingüísticos y de traducción
7.6. Interpretación
8. SISTEMAS Y FAMILIAS DE SISTEMAS
8.1 Familia romano-germánica
8.2 Familia del Common Law
8.3 Antigua familia de los derechos socialistas
8.4  Otras concepciones del orden social y del derecho. Otros sistemas
8.4.1 Derecho musulmán
8.4.2 Derecho hindú
8.4.3Derecho tradicional
8.4.4Derecho japonés
8.4.5 Derechos de África y Madagascar
8.5 Familia jurídica romanista
8.6 Familia jurídica germánica
8.7 Familia jurídica angloamericana
8.8 Familia jurídica nórdica
8.9 Familia jurídica socialista
8.10 Otras familias jurídicas

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La protección de datos personales, un derecho fundamental en proceso de ser garantizado por el Estado

Mtra. Karina Livier Macías Guzmán
Doctorante en Derecho por la Universidad Enrique Díaz de León

@karina_livier

Sumario
Todos somos usuarios de diversos bienes o servicios que ofrecen particulares o entidades públicas; habitualmente nos parece normal proporcionar nuestros datos de identidad con el fin de obtener acceso a un programa o servicio de gobierno, al ciberespacio o a un producto comercial, sin embargo, qué hace el Estado para garantizar que estos datos sean bien utilizados por los particulares y por ellos mismos, qué pasa con nuestros expedientes médicos, con la información que proporcionamos en internet; es justo en esta área donde el derecho humano a la información debe limitarse con normas claras y precisas para evitar que la información confidencial de las personas en posesión de particulares y de sujetos obligados se le dé un mal uso.
Desde el 2007 cuando se modifica el artículo sexto constitucional y se crea el derecho a la información como un derecho humano fundamental, el Estado se ve obligado a garantizar este derecho, que el ciudadano pueda acceder a cualquier tipo de información que genere o posea el Estado. A la par de este derecho, surge también como derecho fundamental, la protección de datos personales.

Desarrollo
La era tecnológica nos alcanza en la actualidad y cada vez es más sencillo navegar a través de internet, de esta manera en nuestras tabletas electrónicas, computadoras  y hasta en nuestros teléfonos móviles, descargamos programas o aplicaciones para buscar un domicilio, para saber la ubicación de una persona, para conocer el clima, entre varias actividades más que realizamos a través de estas herramientas, sin embargo, qué procedimiento realizamos para obtener todos estos beneficios, es decir, qué información proporciono para acceder a la comodidad de la tecnología, entre algunos de los datos destacan, mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi ubicación satelital.
José Luis Piñar Mañas, es un destacado investigador de la Universidad CEU San Pablo en España, mismo que en su artículo “Administración electrónica y protección de datos personales” establece que el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal adquiere una trascendencia incuestionable, sobre todo por el poder que ejercen los ciudadanos respecto a los temas en la administración pública, sin embargo, la trascendencia incuestionable que aborda Piñar Mañas, es justamente en el cumulo de datos personales  que van poseyendo todas las dependencias de gobierno.
En este sentido, coincido con el autor respecto a la protección de datos que debe respetarse, considero que los grandes avances tecnológicos van acompañados de grandes compromisos sociales por asumir, con el objeto de salvaguardar en todo momento los derechos propios y los derechos de terceros, además es de gran utilidad que los compromisos que se adquieren sean bilaterales, es decir, que el Estado asuma la responsabilidad de proteger los datos personales y los ciudadanos sean responsables de la información que proporcionan y cuál será su utilización y finalidad.
Por otro lado, la interrogante sería, y cómo voy a proteger los datos de los particulares si nos encontramos en la etapa de fomento a la cultura de acceso a la información, actualmente los legisladores se encuentran aun armonizando leyes en las entidades federativas y creando los organismos que garanticen estos derechos, debemos de partir de los principios básicos para crear legislación contundente que proteja de manera eficaz nuestros datos personales, Gustavo Adolfo Bello Martínez, en uno de sus artículos de nombre “Principios generales a considerarse en la elaboración de una ley de protección de datos personales” considera en el tercer principio que los datos personales deben ser adecuados y no excesivos con relación a los propósitos definidos por los cuales son procesados.
Este principio llama poderosamente la atención, pues cómo identificar como ciudadano qué información personal puede ser excesiva, es decir, de qué manera puedo saber si los datos que me piden para solicitar un trámite o un servicio no son demasiados en proporción a lo solicitado, a continuación algunos ejemplos: si para solicitar una licencia municipal, es necesario que me pregunten si mi casa es propia, para acceder en internet a programas, es fundamental que me soliciten mi domicilio particular; con estos ejemplos sabemos que la información que brindan los ciudadanos, debe ser proporcional al trámite o servicio solicitado, resaltando que sin duda debe prevalecer la proporcionalidad, pero esta será una vez que exista una cultura colectiva de saber cómo proteger nuestros datos, y que puedo hacer en caso de que sean mal utilizados.

Conclusión
Si tenemos una eficaz protección de datos, y si el Estado nos garantiza este derecho a través de instancias confiables y leyes adecuadas y exclusivas en la materia, evitaríamos el mal uso de dichos datos y con ello resolveríamos diversos delitos que se han generado desde el uso desmedido de nuestros datos identificables, como son, la extorsión, el robo de identidad entre muchos otros que tienen origen en el poco o escaso cuidado y tratamiento de datos personales.

Fuentes de investigación y consulta
Bibliografía
BELLO Martinez, Gustavo Adolfo, Principios generales  a considerar en la elaboración de una ley de protección de datos personales, consultable en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1407/10.pdf 
PIÑAR Mañas, José Luis, Administración electrónica y protección de datos personales,  Madrid, España, consultable en http://dspace.usc.es/bitstream/10347/9955/1/04-PJL.pdf

Leyes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 29 de Enero del 2016, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, 04 de Mayo del 2015, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 5 de Julio del 2010, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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La asistencia del traductor: un derecho fundamental y garantía constitucional

Jorge Ismael Barrios Zamora
@jibarrios


Sumario
Las comunidades indígenas en Jalisco, se caracterizan por regirse bajo sus usos y costumbres a través de reglamentos para la resolución de problemas internos de carácter cultural, agrarias, civiles y políticos y para la impartición de justicia entre la población, sin embargo al momento de llevar a cabo un proceso en las primeras instancias como lo son en Juzgados, así como en la Fiscalía General y Procuraduría Social, quienes practican la lengua materna, no se les da el servicio de peritos traductores, y no se les cumple con la protección de sus derechos fundamentales, ya que no pueden ejercer su derecho al debido proceso por no comprender en su totalidad el castellano.
Se advierte pues que no existen dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, ni del Poder Judicial del Estado de Jalisco o de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, traductores en las diversas lenguas indígenas oriundas del estado. Menos aún asesores de víctimas ni defensores de oficio que conozcan las lenguas originarias de dichas comunidades y su cultura, que realicen  su función de procuración e impartición de justicia de manera integral y armónica, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, y en la propia Constitución Política del Estado de Jalisco.

Desarrollo
Se estima que alrededor de quince millones de habitantes en nuestro país son indígenas, esto representa poco más de 13 por ciento de la población total, de hecho, casi todos los 2,445 municipios existentes en México registran presencia indígena, y más concretamente, 655 de estos son considerados completamente indígenas y en zonas urbanas viven importantes grupos de más de alguno de los 62 pueblos indígenas reconocidos, en Jalisco, la mayoría de sus 125 municipios registran presencia indígena, de ellos destaca el pueblo wirrarika en el norte, el nahua en el Sur, y la población coca  en la ribera de Chapala.
El reconocimiento y protección de los derechos de la población indígena se ha fortalecido durante los últimos años, especialmente a partir de las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos se han concretado desde junio de 2011, y que dieron pie a la mayor consideración de los tratados internacionales en la materia, generando nuevas posturas de la tradición jurídica, que se ven reflejadas en diversos razonamientos, como lo es el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Como sabemos, nuestra Constitución Política general se refiere de forma particular a los derechos de los pueblos indígenas en su artículo segundo. Sin embargo, a la luz de los nuevos modelos de constitucionalidad y de convencionalidad determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dotado de una mayor profundidad a la interpretación de la legislación nacional.

Los gobiernos tienen el deber y la obligación de reconocer y respetar los derechos de la población indígena considerando en todo momento garantizar los principios de igualdad y no discriminación, auto identificación, maximización de la autonomía y acceso a la justicia con base en las especificidades culturales, protección especial a sus territorios y recursos naturales, de participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte y dentro de un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente.
En el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución federal, se consagra a favor de la población indígena el derecho humano de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, nuestra Carta Magna establece que deberán tomarse en cuenta sus costumbres y  especificidades culturales, pero, además, que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Luego entonces, es mandato constitucional que la defensa adecuada en materia indígena la lleven a cabo un intérprete y un defensor, así, el intérprete realizará su función constitucionalmente encomendada cuando explica a otras personas, en la lengua que entiende, lo dicho en otra que les es desconocida, en este supuesto, desde luego, es indispensable que el intérprete tenga conocimientos amplios y profundos de la lengua y la cultura tanto de origen como de destino, a través de esta persona es como el indígena acusado por la posible comisión de un delito puede ser escuchado plenamente en todos  los actos y por todos los actores del proceso penal juez, Ministerio Público, defensor, testigos, etcétera, y ello permite que su voz no permanezca en silencio, por lo que se salvaguarda su derecho de acceso a la justicia.

En el caso del defensor, su aporte viene a significar la parte de asesoría técnica profesional que requiere no sólo la persona indígena, sino cualquier sujeto a proceso penal, el derecho fundamental de acceso pleno a la justicia en materia de indígenas no podría entenderse si faltara alguno de ellos, dado el aporte indispensable e indisoluble a que están obligados ambos de proporcionar al inculpado, pero desde luego, cada uno desde el punto de vista de su function, el primero debe dedicarse a interpretar lo dicho por el acusado, y el segundo, a asesorarlo bajo  los principios que rigen en la abogacía.
Existen casos en los que han estado involucradas personas indígenas, tales como tzotziles, wixáritari, mixes y otomíes. Sin embargo, no existe un registro certero de cuántas  personas  de origen indígena fueron sentenciadas; cuántas se encuentran actualmente privadas de su libertad o han sido sentenciadas por la posible comisión de algún delito; si los sentenciados compurgan su pena en lugares cercanos a su comunidad; si tuvieron una defensa adecuada; sí están enterados de la sanción que les haya sido impuesta y si las víctimas del delito  recibieron la reparación del daño. Por ello  es necesario que se cree un registro bien documentado y se investigue cada caso, para verificar si se respetaron los derechos humanos del debido proceso; se determine si fueron asistidos por personal calificado en traducción; si recibieron la asesoría jurídica adecuada, y si en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional hubo una debida valoración de acuerdo con su situación particular y sus antecedentes culturales.

Conclusión
La creación de un grupo de intérpretes y traductores en las diversas lenguas indígenas de los habitantes de nuestro estado, que tengan conocimiento de la lengua materna, y que conozcan aspectos culturales de cada comunidad, y que esten instruidos con las generalidades del sistema jurídico mexicano y con las funciones de las distintas dependencias y los procesos que ante éstas se llevan a cabo, y que formen parte de manera indirecta o directa del Poder Judicial,  la Fiscalía General y la Procuraduría Social.
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Marco normativo de la actuación del interventor designado en el embargo de negociaciones en materia fiscal

Rogelio Gregorio García Díaz
@RogelioGGarcia2


En los Estados Unidos Mexicanos por disposición del artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política, se encuentra plasmada la obligación de los mexicanos para contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Derivado de ello, en los artículos 80, 89 Fracción II y 90 de la propia carta magna, se faculta al ejecutivo federal para reglamentar la distribución de los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. En ese sentido, dentro de los artículos 1, 2 Fracción I, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 26, 31 Fracción XI y relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaria de Hacienda o de los Organismos Fiscales desconcentrados que al efecto se originen, será el encargado de Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
En esa tesitura, resulta entonces que implícitamente, el estado se asume en un doble carácter en su relación económica coactiva con el gobernado, lo que implica que en un momento procesal determinado, para el cobro de créditos fiscales se asume como acreedor del contribuyente deudor y al mismo tiempo, como rector del procedimiento de ejecución en la recuperación de la cartera vencida. Lo que da lugar al origen de la facultad económica coactiva.
En esa tesitura, el motivo de la presente investigación es desentrañar si el marco normativo en el cobro de créditos fiscales y en especial, la ejecución ordenada mediante la designación y acciones del Interventor en materia fiscal, respeta los principios de imparcialidad, legalidad y defensa del gobernado.
El campo de atención del presente estudio, versa alrededor de la naturaleza y sustento legal de la Intervención con cargo a caja o en administración previsto dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución contenido por los artículos 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación en relación con los diversos 99, 100 y 101 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Así las cosas, de las diversas herramientas o figuras de ejecución forzosa del ente rector del crédito fiscal, entre otros y por la relevancia en la vida interna de las empresas, destaca la del interventor con cargo a caja o Interventor en grado de administración, contemplada por los artículos 164 al 172 del citado Código Federal Tributario. En ese contexto y de acuerdo a la disposición del Código Fiscal de la Federación, es facultad por parte del ejecutor fiscal, al momento del requerimiento de pago del adeudo fiscal, proceder entre otras cosas y como resultado de la negativa al pago y al señalamiento de bienes por parte del contribuyente,  al embargo de la Negociación con todo lo que por hecho y por derecho le corresponda, en términos de la Fracción II del artículo 151 del Código Federal Tributario, mismo que deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que corresponda.
En esa tesitura, son los artículos 153 y 165 del citado cuerpo de leyes, quienes nos establecen que practicado el embargo de la negociación “in situ”, quedara bajo la guarda de uno o más depositarios, abonando con ello, a que efectivamente, en su origen, técnicamente existe, un depósito de la cosa o negociación así como una traba real del ente jurídico y sus accesorios. Lo cual necesariamente por los efectos que se originan con la figura del depósito, implica una relación detallada de todo lo que conforma la entidad moral. En ese sentido, el citado numeral, en el segundo párrafo, señala expresamente lo siguiente: “En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los Artículos 165, 166 y 167 de este Código.”
En ese orden de ideas, se impone estudiar si en efecto, tal y como lo dice el Código Fiscal de la Federación, existe en esencia un deposito del bien embargado o si estamos en presencia de un secuestro de acuerdo a lo establecido por los numerales 2539 al 2545 del Código Civil Federal y enseguida proceder a considerar los actos y actuaciones del Interventor designado a la negociación y conocer la fuerza legal de sus facultades, de sus órdenes, de su competencia, la rendición de cuentas y el afianzamiento de su cargo, su perfil, su relación laboral, sus honorarios y el alcance de su responsabilidad patrimonial y administrativa así como de los medios de defensa que el contribuyente puede agotar en cumplimiento a los artículos 1°,  2° Fracciones I, III, IV, X, XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
En esa vertiente, se hace estrictamente necesario delimitar el marco jurídico de los procedimientos, herramientas y medios puestos al alcance de la autoridad recaudatoria. Como en lo particular lo es, el Interventor en Materia Fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución previsto por el Código Fiscal de la Federación.
En esa atención, el derecho comparado, como una disciplina o método de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados (esto dentro de una perspectiva funcionalista), es una herramienta de valioso apoyo que me permitirá evaluar la aplicación, la forma, el procedimiento, el tratamiento y la resolución, que el código de Comercio, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, da en su capítulo respectivo, a los Interventores designados como consecuencia del embargo de negociaciones industriales así como la responsabilidad de los mismos y los medios de impugnación con que el intervenido, puede combatir los excesos, defectos o vicios en las actuaciones del depositario en su función de interventor designado.
Alfredo Bullard González (2006), El análisis económico de las instituciones legales, Lima Palestra Editores, 2.ª edición.
Andrés Roemer (1998), Introducción al Análisis Económico del Derecho, ITAM-SMGyE / Fondo de Cultura Económica, México.
Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, Séptima edición, México.
Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México.
Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, Séptima Edición, México.
Miguel Acosta Romero, Compendio de Derecho Administrativo. Parte General,  Editorial Porrúa, México.
Efraín Polo Bernal, Breviario de Garantías Constitucionales, Editorial Porum.
Rafael Rojina Villegas, Compendio  de Derecho Civil. Introducción personas y familia, Editorial Porrúa, México.
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinoza, Compendio de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México.
Góngora Pimentel , Genaro David y Otros, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México.

Derecho Administrativo.- Galindo Camacho Miguel. Tomo I. Editorial Porrua.
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La transexualidad

Benjamín Alfonso Ruiz Morales
@benjaminruiz01

Aunque mi estudio se sitúa en el Estado de Jalisco,  la mayoría de las lecturas proviene de los Estados Unidos, El que la mayoría de la información sobre la transexualidad se produzca en Estados Unidos se debe al fenómeno que Bolívar Echeverría (2008) nombró “la americanización de la modernidad, ya que sostiene que el conjunto de la vida económica, social y política en el último medio siglo tiene una tendencia principal de desarrollo, definida por la versión dominante en la modernidad americana. Lo que distingue a la modernidad “americana” del XX, de la modernidad europea del XIX, su rasgo peculiar, es que parece estar en disposición total o irrestricta a asumir el hecho del progreso.
La medicalización, tanto con la endocrinología como por la vía de las nuevas técnicas de la cirugía reconstructiva. Echeverría señala que en Estados Unidos, la aceleración de los cambios que su productivismo introduce en la vida práctica y en la realidad social supera cualquier límite. Así, la forma “americanizada” de tratar la transexualidad se presenta como un progresismo que, llevado al extremo, globalizado y omnipresente, inunda desde todos lados el mercado mundial.
Estados Unidos se convierte, en pocos años, en el centro intelectual del debate sobre la identidad de género y el núcleo promotor de los protocolos y tratamientos al respecto.
Ese es precisamente el caso con la investigación sobre el tratamiento médico de la transexualidad (la llamada “cirugía de reasignación de sexo”) que alentó la Erikson Educational Foundation, una institución creada por una persona transexual y bajo cuyos auspicios se fundó la instancia reguladora de la transexualidad a nivel mundial: la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (que cambiará de nombre a partir de 2006 por The World Professional Association for Transgender Health, WPATH). Esta organización marcó mundialmente la comprensión y el abordaje terapéutico de la transexualidad
Esta información de carácter internacional la complementé mediante entrevistas con los médicos especialistas, aquí en Jalisco. El discurso de estos profesionales está basado en el tratamiento de las personas diagnosticadas con “trastornos de identidad de género”. Este documento, de referencia internacional, ha sido la base principal en las reglamentaciones para la regulación legal de la transexualidad en muchos países y sigue siendo utilizado por los profesionales que tratan a personas trans (psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos y cirujanos reconstructivos). Mi objetivo en esas entrevistas fue el de conocer su concepción de la transexualidad y, más concretamente, la perspectiva del proceso terapéutico con el cual desarrollan su “acompañamiento” a las personas transexuales. En el transcurso de dichas entrevistas traté de que fluyera de manera propicia la interacción para conocer su forma de concebir la transexualidad y su abordaje terapéutico. Las entrevistas a los terapeutas duraron entre una hora y media y dos, y las estructuré evitando plantear mi cuestionamiento a la ausencia de una perspectiva psicoanalítica de manera de no generar polémica. Traté de abarcar la presentación de su trabajo, sus ideas sobre la transexualidad, el tipo de tratamiento que ofrecen a las personas trans y su visión sobre las voces del activismo trans que critican la patologización de la transexualidad.
La investigación bibliográfica me sirvió para comprender el lenguaje codificado de las personas trans (“pasar”, transicionar, etc.), ubicarme en la oferta terapéutica y lograr un conocimiento intelectual sobre ciertos problemas de la condición transexual. Acceder a las historias personales de mis informantes me permitió vislumbrar sus dilemas existenciales, desde los obstáculos que surgen en torno a su abordaje terapéutico hasta la importancia de ciertas problemáticas, como la jurídica. Me resultó útil contrastar la interpretación intelectual que encontré en los libros y artículos con las palabras de mis informantes y comprobé que la información extraída en contextos de interacción creados específicamente para la investigación (las entrevistas) concuerda en lo esencial con las reflexiones publicadas por especialistas.
El fenómeno de la transexualidad es multicausal, y explorarlo cabalmente requiere de un enfoque multidisciplinario o, para hacer honor al prefijo, transdisciplinario o sea, un abordaje que atraviese diferentes enfoques disciplinarios y que apunte a integrar visiones provenientes del campo de la antropología, la historia, el psicoanálisis, el análisis del discurso, la comunicación y la teoría política. Como la ciencia, los procesos culturales y la subjetividad humana están socialmente construidos, recursivamente interconectados y constituyen un sistema abierto, asumo una postura epistemológica pluralista
Mi objetivo es entender cuál ha sido el proceso histórico y la argumentación conceptual mediante los cuales ante la condición transexual se ha recurrido a “ajustar” a esos seres humanos a la normatividad hegemónica vía hormonación y cirugía. 
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El Defensor de Audiencias, garante del derecho de la información y del fortalecimiento de la democracia en México

Ramón Olivares Chávez
@Rolicha


El carácter que se le imprimirá a éste proyecto de investigación será descriptivo y propositivo, ya que trabajaré sobre la realidad jurídica y en la implementación del defensor de las audiencias en México, como mecanismo garante establecido en la reforma constitucional de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, la previsión del legislador en el artículo 222 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones a expedir los Lineamientos sobre el Defensor de las Audiencias, como medida para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales consagrados principalmente en los artículos 6º y 7º de la Constitución, relativo al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a recibir información que fortalezcan el desarrollo democrático del país.
Un claro objetivo de la reforma constitucional es que toda la población reciba los beneficios de la cultura, para elevar el bienestar económico y social, garantizando el “libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, derecho fundamental consagrado en el Art. 6 Constitucional.
En el desarrollo del trabajo se establecerá si el IFT con el proyecto de Lineamientos Generales sobre el Defensor de las Audiencias, garantiza plenamente que se materialice por un lado, que las señales de televisión radiodifundidas sean recibidas de manera universal por la población, y por el otro lado que los contenidos que se reciben a través del servicio de radiodifusión y de la televisión y audios restringidos garantizan la libre formación de las opiniones públicas; en consecuencia, si conforme a la teoría de los derechos fundamentales se hará una realidad el derecho de los mexicanos a recibir información veraz, oportuna en términos democráticos, y con los valores establecidos en la ley, con la más alta evolución del derecho humano a la información y la cultura.
Considero que en la conceptualización y creación de la reforma constitucional y la posterior expedición de la nueva Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en las que se incorporaron nuevas figuras jurídicas como es el caso del Ombudsman o Defensor de las Audiencias, así como el nuevo derecho de información y de las audiencias; el legislador tomó algunos elementos o referencias que ya existían en otros países, así como en resoluciones internacionales, por lo tanto desde el origen de los conceptos a desarrollar estuvo presente el derecho comparado, por lo que mediante su aplicación “podemos entender el origen de la institución jurídica”. [Hernández Apodaca, Samuel, Lecciones de Derecho Comparado, Editorial PaideiaMx, Guadalajara, México, 2015, p. 66]
Es por lo que en el análisis histórico del fenómeno jurídico a estudiar, se debe tomar en cuenta los modelos que el legislador y también el organismo regulador “Instituto Federal de telecomunicaciones” tomó para desarrollar la nueva legislación y ordenamientos legales. Esto nos llevará a tener un mejor conocimiento del Derecho Nacional. [Hernández Apodaca, Samuel. Op. Cit., p. 35.]
En efecto, en el trabajo de investigación se analizará la legislación a la luz del derecho comparado y de los tratados internacionales, a fin de establecer si los límites establecidos en la Constitución, se traducen en una obligación del Estado y de los concesionarios de televisión abierta y de televisión restringida para satisfacer el interés público y social de la sociedad como derecho de las audiencias sobre los intereses privados, ya sean de los propios concesionarios y aún los autorales, los conexos y los patrimoniales con fines especulativos de los derechos de autor, que coadyuven a la formación de un nuevo derecho de medios.
Pero no solamente el método y la disciplina del Derecho comparado estará presente en el análisis histórico y como fuente de la creación de las nuevas figuras jurídicas a investigar, sino que por supuesto se analizarán las figuras existentes en otros países que ayuden a retroalimentar el sistema jurídico mexicano, por lo tanto se expondrán de forma lo suficientemente extensa para que contribuyan a las propuestas y conclusiones que tendrán el trabajo de investigación que lleven a confirmar o a negar la hipótesis planteada que es la siguiente:
La expedición de los lineamientos y mecanismos de la defensoría de las audiencias, permitirá una actuación clara y activa del ombudsman de las audiencias, lo que significará el ejercicio de la libertad de expresión en los medios, y propiciará  que el derecho de las audiencias a la información y cultura genere un cambio en la realidad democrática.
Asimismo, en el protocolo del trabajo de investigación se está incluyendo el uso del método del Derecho Comparado, para “comparar y contrastar” [Hernández Apodaca, Samuel. Op. Cit., p. 52] distintos ordenamientos jurídicos que consideren el tema planteado y que nos lleven al fortalecimiento y solución del propio que se desarrollará en el trabajo de investigación.

A raíz de la clase tomada con el Doctor Samuel Hernández Apodaca se estará considerando incluir dentro del capitulado del trabajo de investigación un tema relativo al derecho comparado a efecto de darle más pesos a la tesis, por lo tanto se empezará desde luego a recabar la información conducente, tanto del Derecho europeo, del latinoamericano y sin descartar el estadounidense a pesar de ser este un sistema jurídico distinto (common law), pero por el peso que se ha dado a las libertades de información y el derecho de las audiencias a recibirla en forma veraz, oportuna y con el fortalecimiento de la cultura e identidades nacionales. 
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