LECCIONES DE DERECHO COMPARADO. Autor: Dr. Samuel Hernández Apodaca [Libro. 2016]

PRESENTACIÓN
Cuando se hace referencia a la comparación, generalmente, pensamos en cotejar e identificar las semejanzas y diferencias entre dos sujetos diferentes y así llegar a una conclusión, pero esto no es tan simple. Equiparar las similitudes y diferencias es uno de los pasos en la comparación, pero no el único. Deben considerarse una serie de precauciones que afectan al derecho y al proceso de comparación como son las cuestiones socioculturales, la interpretación del derecho, las barreras lingüísticas, entre otros.
La expresión Derecho Comparado es relativamente reciente y desde que se emplea los autores no han sabido entenderse sobre su contenido. A pesar de que dos importantes congresos internacionales de jurista que se han dedicado a esa tarea: uno en París, en 1900 y el otro en La Haya, en 1937, las divergencias de opinión no permitieron a los juristas ponerse de acuerdo.
El presente libro es una compilación de las escuelas, sistemas y familias, desde luego experiencias de diferentes autores, que han escrito sobre el Derecho comparado, pretende dotar de elementos esenciales que permitan al lector la comprensión general y básica del derecho comparado.
El autor

ÍNDICE
Presentación
1. GENERALIDADES DEL DERECHO COMPARADO
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del Derecho Comparado
1.2.1 Los primeros antecedentes (precursores)
1.2.2 Los iniciadores
1.2.3 Los comparatistas
1.3 Características del derecho comparado
1.4 Naturaleza Jurídica
2. ESTUDIO DEL DERECHO COMPARADO
2. 1. Las  escuelas   del  derecho  comparado
2.1.1 La escuela de los juristas nacionales
2.1.2 La escuela del derecho natural
2.1.3 La escuela histórica
2.1.4 El derecho comparado en el siglo XIX
2.1.5 El derecho comparado en el siglo XX
2.2 Derecho comparado y iuspositivismo
2.2.1. ¿Cómo funciona el derecho comparado?
3. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO COMPARADO
3.1. Elementos de comprensión
3.2. Derecho público comparado y derecho privado comparado
4. RELACIÓN DEL DERECHO COMPARADO CON OTROS SUJETOS
4.1. Derecho comparado y derecho internacional privado
4.2. Derecho comparado y derecho internacional público
4.3. Derecho comparado e historia del derecho
4.4. Derecho comparado y etnología del derecho
4.5. Derecho comparado y sociología jurídica
5. LAS FUNCIONES DE DERECHO COMPARADO
5.1. Derecho comparado como disciplina académica
5.2. Reforma judicial y legislativa
5.3. Unificar las leyes
5.4. Derecho internacional
6. ¿CÓMO HACER UN ESTUDIO COMPARATIVO?
6.1. Selección de un sistema jurídico
6.2. Sujeto-materia de comparación
6.3. Delimitar el nivel de comparación
6.4. Identificar similitudes y diferencias
6.5. Prueba de funcionalidad
7. CONSIDERACIONES DURANTE EL PROCESO COMPARATIVO
7.1. Contextos en la investigación comparativa
7.2. Incompatibilidad
7.3. Culturas
7.4. Prejuicios personales y profesionales
7.5. Problemas lingüísticos y de traducción
7.6. Interpretación
8. SISTEMAS Y FAMILIAS DE SISTEMAS
8.1 Familia romano-germánica
8.2 Familia del Common Law
8.3 Antigua familia de los derechos socialistas
8.4  Otras concepciones del orden social y del derecho. Otros sistemas
8.4.1 Derecho musulmán
8.4.2 Derecho hindú
8.4.3Derecho tradicional
8.4.4Derecho japonés
8.4.5 Derechos de África y Madagascar
8.5 Familia jurídica romanista
8.6 Familia jurídica germánica
8.7 Familia jurídica angloamericana
8.8 Familia jurídica nórdica
8.9 Familia jurídica socialista
8.10 Otras familias jurídicas


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La protección de datos personales, un derecho fundamental en proceso de ser garantizado por el Estado

Mtra. Karina Livier Macías Guzmán
Doctorante en Derecho por la Universidad Enrique Díaz de León

@karina_livier

Sumario
Todos somos usuarios de diversos bienes o servicios que ofrecen particulares o entidades públicas; habitualmente nos parece normal proporcionar nuestros datos de identidad con el fin de obtener acceso a un programa o servicio de gobierno, al ciberespacio o a un producto comercial, sin embargo, qué hace el Estado para garantizar que estos datos sean bien utilizados por los particulares y por ellos mismos, qué pasa con nuestros expedientes médicos, con la información que proporcionamos en internet; es justo en esta área donde el derecho humano a la información debe limitarse con normas claras y precisas para evitar que la información confidencial de las personas en posesión de particulares y de sujetos obligados se le dé un mal uso.
Desde el 2007 cuando se modifica el artículo sexto constitucional y se crea el derecho a la información como un derecho humano fundamental, el Estado se ve obligado a garantizar este derecho, que el ciudadano pueda acceder a cualquier tipo de información que genere o posea el Estado. A la par de este derecho, surge también como derecho fundamental, la protección de datos personales.

Desarrollo
La era tecnológica nos alcanza en la actualidad y cada vez es más sencillo navegar a través de internet, de esta manera en nuestras tabletas electrónicas, computadoras  y hasta en nuestros teléfonos móviles, descargamos programas o aplicaciones para buscar un domicilio, para saber la ubicación de una persona, para conocer el clima, entre varias actividades más que realizamos a través de estas herramientas, sin embargo, qué procedimiento realizamos para obtener todos estos beneficios, es decir, qué información proporciono para acceder a la comodidad de la tecnología, entre algunos de los datos destacan, mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi ubicación satelital.
José Luis Piñar Mañas, es un destacado investigador de la Universidad CEU San Pablo en España, mismo que en su artículo “Administración electrónica y protección de datos personales” establece que el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal adquiere una trascendencia incuestionable, sobre todo por el poder que ejercen los ciudadanos respecto a los temas en la administración pública, sin embargo, la trascendencia incuestionable que aborda Piñar Mañas, es justamente en el cumulo de datos personales  que van poseyendo todas las dependencias de gobierno.
En este sentido, coincido con el autor respecto a la protección de datos que debe respetarse, considero que los grandes avances tecnológicos van acompañados de grandes compromisos sociales por asumir, con el objeto de salvaguardar en todo momento los derechos propios y los derechos de terceros, además es de gran utilidad que los compromisos que se adquieren sean bilaterales, es decir, que el Estado asuma la responsabilidad de proteger los datos personales y los ciudadanos sean responsables de la información que proporcionan y cuál será su utilización y finalidad.
Por otro lado, la interrogante sería, y cómo voy a proteger los datos de los particulares si nos encontramos en la etapa de fomento a la cultura de acceso a la información, actualmente los legisladores se encuentran aun armonizando leyes en las entidades federativas y creando los organismos que garanticen estos derechos, debemos de partir de los principios básicos para crear legislación contundente que proteja de manera eficaz nuestros datos personales, Gustavo Adolfo Bello Martínez, en uno de sus artículos de nombre “Principios generales a considerarse en la elaboración de una ley de protección de datos personales” considera en el tercer principio que los datos personales deben ser adecuados y no excesivos con relación a los propósitos definidos por los cuales son procesados.
Este principio llama poderosamente la atención, pues cómo identificar como ciudadano qué información personal puede ser excesiva, es decir, de qué manera puedo saber si los datos que me piden para solicitar un trámite o un servicio no son demasiados en proporción a lo solicitado, a continuación algunos ejemplos: si para solicitar una licencia municipal, es necesario que me pregunten si mi casa es propia, para acceder en internet a programas, es fundamental que me soliciten mi domicilio particular; con estos ejemplos sabemos que la información que brindan los ciudadanos, debe ser proporcional al trámite o servicio solicitado, resaltando que sin duda debe prevalecer la proporcionalidad, pero esta será una vez que exista una cultura colectiva de saber cómo proteger nuestros datos, y que puedo hacer en caso de que sean mal utilizados.

Conclusión
Si tenemos una eficaz protección de datos, y si el Estado nos garantiza este derecho a través de instancias confiables y leyes adecuadas y exclusivas en la materia, evitaríamos el mal uso de dichos datos y con ello resolveríamos diversos delitos que se han generado desde el uso desmedido de nuestros datos identificables, como son, la extorsión, el robo de identidad entre muchos otros que tienen origen en el poco o escaso cuidado y tratamiento de datos personales.

Fuentes de investigación y consulta
Bibliografía
BELLO Martinez, Gustavo Adolfo, Principios generales  a considerar en la elaboración de una ley de protección de datos personales, consultable en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1407/10.pdf 
PIÑAR Mañas, José Luis, Administración electrónica y protección de datos personales,  Madrid, España, consultable en http://dspace.usc.es/bitstream/10347/9955/1/04-PJL.pdf

Leyes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 29 de Enero del 2016, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, 04 de Mayo del 2015, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 5 de Julio del 2010, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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La asistencia del traductor: un derecho fundamental y garantía constitucional

Jorge Ismael Barrios Zamora
@jibarrios


Sumario
Las comunidades indígenas en Jalisco, se caracterizan por regirse bajo sus usos y costumbres a través de reglamentos para la resolución de problemas internos de carácter cultural, agrarias, civiles y políticos y para la impartición de justicia entre la población, sin embargo al momento de llevar a cabo un proceso en las primeras instancias como lo son en Juzgados, así como en la Fiscalía General y Procuraduría Social, quienes practican la lengua materna, no se les da el servicio de peritos traductores, y no se les cumple con la protección de sus derechos fundamentales, ya que no pueden ejercer su derecho al debido proceso por no comprender en su totalidad el castellano.
Se advierte pues que no existen dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, ni del Poder Judicial del Estado de Jalisco o de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, traductores en las diversas lenguas indígenas oriundas del estado. Menos aún asesores de víctimas ni defensores de oficio que conozcan las lenguas originarias de dichas comunidades y su cultura, que realicen  su función de procuración e impartición de justicia de manera integral y armónica, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, y en la propia Constitución Política del Estado de Jalisco.

Desarrollo
Se estima que alrededor de quince millones de habitantes en nuestro país son indígenas, esto representa poco más de 13 por ciento de la población total, de hecho, casi todos los 2,445 municipios existentes en México registran presencia indígena, y más concretamente, 655 de estos son considerados completamente indígenas y en zonas urbanas viven importantes grupos de más de alguno de los 62 pueblos indígenas reconocidos, en Jalisco, la mayoría de sus 125 municipios registran presencia indígena, de ellos destaca el pueblo wirrarika en el norte, el nahua en el Sur, y la población coca  en la ribera de Chapala.
El reconocimiento y protección de los derechos de la población indígena se ha fortalecido durante los últimos años, especialmente a partir de las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos se han concretado desde junio de 2011, y que dieron pie a la mayor consideración de los tratados internacionales en la materia, generando nuevas posturas de la tradición jurídica, que se ven reflejadas en diversos razonamientos, como lo es el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Como sabemos, nuestra Constitución Política general se refiere de forma particular a los derechos de los pueblos indígenas en su artículo segundo. Sin embargo, a la luz de los nuevos modelos de constitucionalidad y de convencionalidad determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dotado de una mayor profundidad a la interpretación de la legislación nacional.

Los gobiernos tienen el deber y la obligación de reconocer y respetar los derechos de la población indígena considerando en todo momento garantizar los principios de igualdad y no discriminación, auto identificación, maximización de la autonomía y acceso a la justicia con base en las especificidades culturales, protección especial a sus territorios y recursos naturales, de participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte y dentro de un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente.
En el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución federal, se consagra a favor de la población indígena el derecho humano de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, nuestra Carta Magna establece que deberán tomarse en cuenta sus costumbres y  especificidades culturales, pero, además, que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Luego entonces, es mandato constitucional que la defensa adecuada en materia indígena la lleven a cabo un intérprete y un defensor, así, el intérprete realizará su función constitucionalmente encomendada cuando explica a otras personas, en la lengua que entiende, lo dicho en otra que les es desconocida, en este supuesto, desde luego, es indispensable que el intérprete tenga conocimientos amplios y profundos de la lengua y la cultura tanto de origen como de destino, a través de esta persona es como el indígena acusado por la posible comisión de un delito puede ser escuchado plenamente en todos  los actos y por todos los actores del proceso penal juez, Ministerio Público, defensor, testigos, etcétera, y ello permite que su voz no permanezca en silencio, por lo que se salvaguarda su derecho de acceso a la justicia.

En el caso del defensor, su aporte viene a significar la parte de asesoría técnica profesional que requiere no sólo la persona indígena, sino cualquier sujeto a proceso penal, el derecho fundamental de acceso pleno a la justicia en materia de indígenas no podría entenderse si faltara alguno de ellos, dado el aporte indispensable e indisoluble a que están obligados ambos de proporcionar al inculpado, pero desde luego, cada uno desde el punto de vista de su function, el primero debe dedicarse a interpretar lo dicho por el acusado, y el segundo, a asesorarlo bajo  los principios que rigen en la abogacía.
Existen casos en los que han estado involucradas personas indígenas, tales como tzotziles, wixáritari, mixes y otomíes. Sin embargo, no existe un registro certero de cuántas  personas  de origen indígena fueron sentenciadas; cuántas se encuentran actualmente privadas de su libertad o han sido sentenciadas por la posible comisión de algún delito; si los sentenciados compurgan su pena en lugares cercanos a su comunidad; si tuvieron una defensa adecuada; sí están enterados de la sanción que les haya sido impuesta y si las víctimas del delito  recibieron la reparación del daño. Por ello  es necesario que se cree un registro bien documentado y se investigue cada caso, para verificar si se respetaron los derechos humanos del debido proceso; se determine si fueron asistidos por personal calificado en traducción; si recibieron la asesoría jurídica adecuada, y si en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional hubo una debida valoración de acuerdo con su situación particular y sus antecedentes culturales.

Conclusión
La creación de un grupo de intérpretes y traductores en las diversas lenguas indígenas de los habitantes de nuestro estado, que tengan conocimiento de la lengua materna, y que conozcan aspectos culturales de cada comunidad, y que esten instruidos con las generalidades del sistema jurídico mexicano y con las funciones de las distintas dependencias y los procesos que ante éstas se llevan a cabo, y que formen parte de manera indirecta o directa del Poder Judicial,  la Fiscalía General y la Procuraduría Social.
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Marco normativo de la actuación del interventor designado en el embargo de negociaciones en materia fiscal

Rogelio Gregorio García Díaz
@RogelioGGarcia2


En los Estados Unidos Mexicanos por disposición del artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política, se encuentra plasmada la obligación de los mexicanos para contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Derivado de ello, en los artículos 80, 89 Fracción II y 90 de la propia carta magna, se faculta al ejecutivo federal para reglamentar la distribución de los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. En ese sentido, dentro de los artículos 1, 2 Fracción I, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 26, 31 Fracción XI y relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaria de Hacienda o de los Organismos Fiscales desconcentrados que al efecto se originen, será el encargado de Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
En esa tesitura, resulta entonces que implícitamente, el estado se asume en un doble carácter en su relación económica coactiva con el gobernado, lo que implica que en un momento procesal determinado, para el cobro de créditos fiscales se asume como acreedor del contribuyente deudor y al mismo tiempo, como rector del procedimiento de ejecución en la recuperación de la cartera vencida. Lo que da lugar al origen de la facultad económica coactiva.
En esa tesitura, el motivo de la presente investigación es desentrañar si el marco normativo en el cobro de créditos fiscales y en especial, la ejecución ordenada mediante la designación y acciones del Interventor en materia fiscal, respeta los principios de imparcialidad, legalidad y defensa del gobernado.
El campo de atención del presente estudio, versa alrededor de la naturaleza y sustento legal de la Intervención con cargo a caja o en administración previsto dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución contenido por los artículos 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación en relación con los diversos 99, 100 y 101 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Así las cosas, de las diversas herramientas o figuras de ejecución forzosa del ente rector del crédito fiscal, entre otros y por la relevancia en la vida interna de las empresas, destaca la del interventor con cargo a caja o Interventor en grado de administración, contemplada por los artículos 164 al 172 del citado Código Federal Tributario. En ese contexto y de acuerdo a la disposición del Código Fiscal de la Federación, es facultad por parte del ejecutor fiscal, al momento del requerimiento de pago del adeudo fiscal, proceder entre otras cosas y como resultado de la negativa al pago y al señalamiento de bienes por parte del contribuyente,  al embargo de la Negociación con todo lo que por hecho y por derecho le corresponda, en términos de la Fracción II del artículo 151 del Código Federal Tributario, mismo que deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que corresponda.
En esa tesitura, son los artículos 153 y 165 del citado cuerpo de leyes, quienes nos establecen que practicado el embargo de la negociación “in situ”, quedara bajo la guarda de uno o más depositarios, abonando con ello, a que efectivamente, en su origen, técnicamente existe, un depósito de la cosa o negociación así como una traba real del ente jurídico y sus accesorios. Lo cual necesariamente por los efectos que se originan con la figura del depósito, implica una relación detallada de todo lo que conforma la entidad moral. En ese sentido, el citado numeral, en el segundo párrafo, señala expresamente lo siguiente: “En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los Artículos 165, 166 y 167 de este Código.”
En ese orden de ideas, se impone estudiar si en efecto, tal y como lo dice el Código Fiscal de la Federación, existe en esencia un deposito del bien embargado o si estamos en presencia de un secuestro de acuerdo a lo establecido por los numerales 2539 al 2545 del Código Civil Federal y enseguida proceder a considerar los actos y actuaciones del Interventor designado a la negociación y conocer la fuerza legal de sus facultades, de sus órdenes, de su competencia, la rendición de cuentas y el afianzamiento de su cargo, su perfil, su relación laboral, sus honorarios y el alcance de su responsabilidad patrimonial y administrativa así como de los medios de defensa que el contribuyente puede agotar en cumplimiento a los artículos 1°,  2° Fracciones I, III, IV, X, XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
En esa vertiente, se hace estrictamente necesario delimitar el marco jurídico de los procedimientos, herramientas y medios puestos al alcance de la autoridad recaudatoria. Como en lo particular lo es, el Interventor en Materia Fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución previsto por el Código Fiscal de la Federación.
En esa atención, el derecho comparado, como una disciplina o método de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados (esto dentro de una perspectiva funcionalista), es una herramienta de valioso apoyo que me permitirá evaluar la aplicación, la forma, el procedimiento, el tratamiento y la resolución, que el código de Comercio, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, da en su capítulo respectivo, a los Interventores designados como consecuencia del embargo de negociaciones industriales así como la responsabilidad de los mismos y los medios de impugnación con que el intervenido, puede combatir los excesos, defectos o vicios en las actuaciones del depositario en su función de interventor designado.
Alfredo Bullard González (2006), El análisis económico de las instituciones legales, Lima Palestra Editores, 2.ª edición.
Andrés Roemer (1998), Introducción al Análisis Económico del Derecho, ITAM-SMGyE / Fondo de Cultura Económica, México.
Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, Séptima edición, México.
Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México.
Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, Séptima Edición, México.
Miguel Acosta Romero, Compendio de Derecho Administrativo. Parte General,  Editorial Porrúa, México.
Efraín Polo Bernal, Breviario de Garantías Constitucionales, Editorial Porum.
Rafael Rojina Villegas, Compendio  de Derecho Civil. Introducción personas y familia, Editorial Porrúa, México.
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinoza, Compendio de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México.
Góngora Pimentel , Genaro David y Otros, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México.

Derecho Administrativo.- Galindo Camacho Miguel. Tomo I. Editorial Porrua.
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La transexualidad

Benjamín Alfonso Ruiz Morales
@benjaminruiz01

Aunque mi estudio se sitúa en el Estado de Jalisco,  la mayoría de las lecturas proviene de los Estados Unidos, El que la mayoría de la información sobre la transexualidad se produzca en Estados Unidos se debe al fenómeno que Bolívar Echeverría (2008) nombró “la americanización de la modernidad, ya que sostiene que el conjunto de la vida económica, social y política en el último medio siglo tiene una tendencia principal de desarrollo, definida por la versión dominante en la modernidad americana. Lo que distingue a la modernidad “americana” del XX, de la modernidad europea del XIX, su rasgo peculiar, es que parece estar en disposición total o irrestricta a asumir el hecho del progreso.
La medicalización, tanto con la endocrinología como por la vía de las nuevas técnicas de la cirugía reconstructiva. Echeverría señala que en Estados Unidos, la aceleración de los cambios que su productivismo introduce en la vida práctica y en la realidad social supera cualquier límite. Así, la forma “americanizada” de tratar la transexualidad se presenta como un progresismo que, llevado al extremo, globalizado y omnipresente, inunda desde todos lados el mercado mundial.
Estados Unidos se convierte, en pocos años, en el centro intelectual del debate sobre la identidad de género y el núcleo promotor de los protocolos y tratamientos al respecto.
Ese es precisamente el caso con la investigación sobre el tratamiento médico de la transexualidad (la llamada “cirugía de reasignación de sexo”) que alentó la Erikson Educational Foundation, una institución creada por una persona transexual y bajo cuyos auspicios se fundó la instancia reguladora de la transexualidad a nivel mundial: la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (que cambiará de nombre a partir de 2006 por The World Professional Association for Transgender Health, WPATH). Esta organización marcó mundialmente la comprensión y el abordaje terapéutico de la transexualidad
Esta información de carácter internacional la complementé mediante entrevistas con los médicos especialistas, aquí en Jalisco. El discurso de estos profesionales está basado en el tratamiento de las personas diagnosticadas con “trastornos de identidad de género”. Este documento, de referencia internacional, ha sido la base principal en las reglamentaciones para la regulación legal de la transexualidad en muchos países y sigue siendo utilizado por los profesionales que tratan a personas trans (psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos y cirujanos reconstructivos). Mi objetivo en esas entrevistas fue el de conocer su concepción de la transexualidad y, más concretamente, la perspectiva del proceso terapéutico con el cual desarrollan su “acompañamiento” a las personas transexuales. En el transcurso de dichas entrevistas traté de que fluyera de manera propicia la interacción para conocer su forma de concebir la transexualidad y su abordaje terapéutico. Las entrevistas a los terapeutas duraron entre una hora y media y dos, y las estructuré evitando plantear mi cuestionamiento a la ausencia de una perspectiva psicoanalítica de manera de no generar polémica. Traté de abarcar la presentación de su trabajo, sus ideas sobre la transexualidad, el tipo de tratamiento que ofrecen a las personas trans y su visión sobre las voces del activismo trans que critican la patologización de la transexualidad.
La investigación bibliográfica me sirvió para comprender el lenguaje codificado de las personas trans (“pasar”, transicionar, etc.), ubicarme en la oferta terapéutica y lograr un conocimiento intelectual sobre ciertos problemas de la condición transexual. Acceder a las historias personales de mis informantes me permitió vislumbrar sus dilemas existenciales, desde los obstáculos que surgen en torno a su abordaje terapéutico hasta la importancia de ciertas problemáticas, como la jurídica. Me resultó útil contrastar la interpretación intelectual que encontré en los libros y artículos con las palabras de mis informantes y comprobé que la información extraída en contextos de interacción creados específicamente para la investigación (las entrevistas) concuerda en lo esencial con las reflexiones publicadas por especialistas.
El fenómeno de la transexualidad es multicausal, y explorarlo cabalmente requiere de un enfoque multidisciplinario o, para hacer honor al prefijo, transdisciplinario o sea, un abordaje que atraviese diferentes enfoques disciplinarios y que apunte a integrar visiones provenientes del campo de la antropología, la historia, el psicoanálisis, el análisis del discurso, la comunicación y la teoría política. Como la ciencia, los procesos culturales y la subjetividad humana están socialmente construidos, recursivamente interconectados y constituyen un sistema abierto, asumo una postura epistemológica pluralista
Mi objetivo es entender cuál ha sido el proceso histórico y la argumentación conceptual mediante los cuales ante la condición transexual se ha recurrido a “ajustar” a esos seres humanos a la normatividad hegemónica vía hormonación y cirugía. 
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El Defensor de Audiencias, garante del derecho de la información y del fortalecimiento de la democracia en México

Ramón Olivares Chávez
@Rolicha


El carácter que se le imprimirá a éste proyecto de investigación será descriptivo y propositivo, ya que trabajaré sobre la realidad jurídica y en la implementación del defensor de las audiencias en México, como mecanismo garante establecido en la reforma constitucional de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, la previsión del legislador en el artículo 222 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones a expedir los Lineamientos sobre el Defensor de las Audiencias, como medida para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales consagrados principalmente en los artículos 6º y 7º de la Constitución, relativo al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a recibir información que fortalezcan el desarrollo democrático del país.
Un claro objetivo de la reforma constitucional es que toda la población reciba los beneficios de la cultura, para elevar el bienestar económico y social, garantizando el “libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, derecho fundamental consagrado en el Art. 6 Constitucional.
En el desarrollo del trabajo se establecerá si el IFT con el proyecto de Lineamientos Generales sobre el Defensor de las Audiencias, garantiza plenamente que se materialice por un lado, que las señales de televisión radiodifundidas sean recibidas de manera universal por la población, y por el otro lado que los contenidos que se reciben a través del servicio de radiodifusión y de la televisión y audios restringidos garantizan la libre formación de las opiniones públicas; en consecuencia, si conforme a la teoría de los derechos fundamentales se hará una realidad el derecho de los mexicanos a recibir información veraz, oportuna en términos democráticos, y con los valores establecidos en la ley, con la más alta evolución del derecho humano a la información y la cultura.
Considero que en la conceptualización y creación de la reforma constitucional y la posterior expedición de la nueva Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en las que se incorporaron nuevas figuras jurídicas como es el caso del Ombudsman o Defensor de las Audiencias, así como el nuevo derecho de información y de las audiencias; el legislador tomó algunos elementos o referencias que ya existían en otros países, así como en resoluciones internacionales, por lo tanto desde el origen de los conceptos a desarrollar estuvo presente el derecho comparado, por lo que mediante su aplicación “podemos entender el origen de la institución jurídica”. [Hernández Apodaca, Samuel, Lecciones de Derecho Comparado, Editorial PaideiaMx, Guadalajara, México, 2015, p. 66]
Es por lo que en el análisis histórico del fenómeno jurídico a estudiar, se debe tomar en cuenta los modelos que el legislador y también el organismo regulador “Instituto Federal de telecomunicaciones” tomó para desarrollar la nueva legislación y ordenamientos legales. Esto nos llevará a tener un mejor conocimiento del Derecho Nacional. [Hernández Apodaca, Samuel. Op. Cit., p. 35.]
En efecto, en el trabajo de investigación se analizará la legislación a la luz del derecho comparado y de los tratados internacionales, a fin de establecer si los límites establecidos en la Constitución, se traducen en una obligación del Estado y de los concesionarios de televisión abierta y de televisión restringida para satisfacer el interés público y social de la sociedad como derecho de las audiencias sobre los intereses privados, ya sean de los propios concesionarios y aún los autorales, los conexos y los patrimoniales con fines especulativos de los derechos de autor, que coadyuven a la formación de un nuevo derecho de medios.
Pero no solamente el método y la disciplina del Derecho comparado estará presente en el análisis histórico y como fuente de la creación de las nuevas figuras jurídicas a investigar, sino que por supuesto se analizarán las figuras existentes en otros países que ayuden a retroalimentar el sistema jurídico mexicano, por lo tanto se expondrán de forma lo suficientemente extensa para que contribuyan a las propuestas y conclusiones que tendrán el trabajo de investigación que lleven a confirmar o a negar la hipótesis planteada que es la siguiente:
La expedición de los lineamientos y mecanismos de la defensoría de las audiencias, permitirá una actuación clara y activa del ombudsman de las audiencias, lo que significará el ejercicio de la libertad de expresión en los medios, y propiciará  que el derecho de las audiencias a la información y cultura genere un cambio en la realidad democrática.
Asimismo, en el protocolo del trabajo de investigación se está incluyendo el uso del método del Derecho Comparado, para “comparar y contrastar” [Hernández Apodaca, Samuel. Op. Cit., p. 52] distintos ordenamientos jurídicos que consideren el tema planteado y que nos lleven al fortalecimiento y solución del propio que se desarrollará en el trabajo de investigación.

A raíz de la clase tomada con el Doctor Samuel Hernández Apodaca se estará considerando incluir dentro del capitulado del trabajo de investigación un tema relativo al derecho comparado a efecto de darle más pesos a la tesis, por lo tanto se empezará desde luego a recabar la información conducente, tanto del Derecho europeo, del latinoamericano y sin descartar el estadounidense a pesar de ser este un sistema jurídico distinto (common law), pero por el peso que se ha dado a las libertades de información y el derecho de las audiencias a recibirla en forma veraz, oportuna y con el fortalecimiento de la cultura e identidades nacionales. 
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Maltrato infantil

Martha Clotilde Ruiz Morales
@cotyruizm
De acuerdo a la OMS el maltrato infantil se define como los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o dignidad o bien que pongan en riesgo su supervivencia.
El abuso infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso en los menores de edad.
En los Estados Unidos se creó una organización la cual, se dedicó ayudar a niños desamparados y la misma fue conocida como “Child Welfare Movement”(Movimiento Bienestar de la Infancia). Además surgieron otras organizaciones contra el maltrato infantil tal como la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los Delincuentes Juveniles en 1825, cuyo propósitos fue ayudar a niños maltratados y abandonados por sus padres o familiares. Años más tarde se fundó en el estado de Nueva York la “Society for Prevention of Cruelty of Children” la cual, surgió como fuente de inspiración para desarrollar otras organizaciones contra el abuso infantil en los Estados Unidos y Europa. Aunque, según el texto, en 1874 fue la primera vez que se ganó un caso referido al abuso o maltrato de infantil cuando una menor de nueve años nativa del estado de Nueva York fue sometida a abuso físico. Una trabajadora de caridad ayudó a la criatura y la misma acudió a la Sociedad Americana para la Prevención de crueldad de los animales donde la trabajadora, encargada del caso de la menor expresó lo siguiente: “la menor merecía tanta protección como a un perro común” y con estos testimonios pudieron ganar el caso.
La atención jurídica y médica de los menores maltratados empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. De manera individual, el médico francés A. Tardieu publicó en 1860 la primera monografía sobre el tema y el también médico estadounidense Silverman demostró con estudios radiológicos las consecuencias no visibles de los maltratos.
El primer proceso judicial que defendió a un menor (una niña) por los malos tratos recibidos por adultos (en su caso, su propia madre), tuvo lugar en 1874 en Estados Unidos. La acusación fue realizada por la Sociedad Protectora de Animales, por cuanto no existía ley alguna que amparase a los menores, aunque sí a los animales en general.
Estas labores pioneras dieron como resultado que antes de que acabase el siglo se creasen dos sociedades pro derechos de los niños: The Society for the Preventión of Cruelty to Children, en Nueva York, y The National Society for the Prevention of Cruelty to Children, en Londres.
La atención a los derechos de los menores es característica de la segunda mitad del siglo 20, que es cuando se les reconoce como sujetos de derechos. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño; y, más tarde, en 1989, esa misma Asamblea adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Paralelamente a este interés en el estatus legal, se fue desarrollando la correspondiente atención a la comprensión y prevención del fenómeno.
En 1962 se publicó en Estados Unidos un trabajo científico titulado «Síndrome del niño apaleado» que incentivó de manera definitiva la atención a las víctimas de los malos tratos infantiles, incluyendo con ellos la reformulación de las medidas legislativas y la sensibilización de la opinión pública respecto del problema. En los países europeos más desarrollados, se produjo un fenómenos similar en los años siguientes.
Habiéndose registrado una alta incidencia de querellas de maltrato de niños y un esfuerzo único por este mal fue aprobada en varios estados de Estados Unidos la Ley Número 75 el 28 de mayo de 1980, en la cual se establecía que un menor era víctima de "maltrato o negligencia" cuando sufría daño o perjuicio, o se encontraba en riesgo de sufrir daño o perjuicio en su salud física, mental emocional, o en su bienestar, por las acciones y omisiones no accidentales de sus padres o de otras personas o instituciones responsables de su cuidado. En esta ley se estableció la política pública de protección a menores.
La atención de los expertos ha ido desde la casi concentración en los malos tratos de tipo físico a la apertura hacia, por un lado, la comprensión de los conceptos de negligencia y de maltrato emocional, y, por otro, el problema de los abusos sexuales. También, ha habido cambios en lo que se refiere a la percepción de los maltratadores (en principio, identificados con personas con problemas psíquicos y/o pertenecientes a contextos socio-económicos muy atrasados; después, asumiendo el perfil variopinto del maltratador infantil) y en la forma de abordar los problemas (en principio, la separación del maltratado de su entorno; después, el intento de rehabilitar ese entorno).

Otro tipo de maltrato infantil, muy poco conocido es el llamado Síndrome de Münchausen por poderes, consiste en inventar una enfermedad en el niño o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos. Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante-preescolar (edad media de 3 años). Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre (habitualmente el perpetrador del abuso), son de causa inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este síndrome presenta una mortalidad entre 10-20%, y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales.
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